Por Nicole Acevedo – NBC News
Una niña que se recupera de un tumor cerebral poco común celebró su undécimo cumpleaños el domingo a cientos de millas de todo lo que conoce: sus amigos del colegio, comunidad en la iglesia y hogar.
Es una de los cuatro niños ciudadanos estadounidenses que fueron enviados de Texa México hace tres meses, cuando las autoridades de inmigración deportaron a sus padres indocumentados.
Temiendo por su seguridad después de que la familia, con estatus migratorio mixto, fuera trasladada a una zona de México conocida por los secuestros de ciudadanos estadounidenses, no han perdido la esperanza de poder regresar a Estados Unidos, principalmente para continuar el tratamiento médico de la menor.
El viernes por la mañana, la familia viajó a Monterrey para reunirse con miembros del Caucus Hispano del Congreso. Esperaban que compartir su difícil situación migratoria motive a los legisladores a abogar por su regreso bajo un parole humanitario.
"La presión pública sobre la deportación de niños vulnerables que son ciudadanos de Estados Unidos es realmente eficaz, y los congresistas están respondiendo a ese llamado", dijo Rochelle Garza, presidenta del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, la organización de defensa legal y litigios que representa a la familia.
Los representantes demócratas Adriano Espaillat (por Nueva York), y Sylvia García y Joaquín Castro (Texas) se reunieron con la familia.
"Es importante que el público siga prestando atención a este asunto, pero también que siga involucrándose y animando a los miembros del Congreso a dar pasos", dijo Garza.
En un mensaje en la red social X, Castro dijo tras el encuentro: "Hoy me reuní con una familia que fue deportada sin el debido proceso con sus hijos estadounidenses, incluyendo una de 11 año que sufre de un tumor cerebral".
"Los derechos de los ciudadanos estadounidenses están siendo robados", agregó.
La madre de la niña contó a NBC News la terrible experiencia de la familia en marzo. El caso llamó la atención de legisladores, entre ellos los senadores demócratas Cory Booker (Nueva Jersey), y Alex Padilla (California), así como el representante Al Green, demócrata por Texas.
Desde entonces, se ha conocido de otros cinco casos similares, entre ellos el de una madre que fue deportada a Honduras en abril con sus dos hijos estadounidenses, uno de los cuales es un niño de 4 años con cáncer en fase 4.
"No me sorprendería que esto fuera mucho más usual de lo que estamos viendo actualmente", afirmó Garza.
La madre había declarado anteriormente a NBC News que el 3 de febrero la familia se dirigía en auto desde el valle del río Grande, en Texas, donde vivían, a Houston, donde se encuentran los médicos especialistas de su hija, para una revisión médica de urgencia.
De camino, se detuvieron en un control de inmigración por el que habían pasado en numerosas ocasiones. Los padres llevaban consigo cartas de sus médicos y abogados para mostrárselas a los agentes del control.
Sin embargo, las autoridades de inmigración detuvieron a los padres al no poder mostrar la documentación de inmigración legal. Según su abogado, Daniel Woodward, más allá de carecer de "estatus migratorio válido en Estados Unidos", "no tienen antecedentes penales". Añadió que estaban en proceso de obtener visados T, un beneficio migratorio temporal para víctimas de la trata de personas.
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Cinco de sus hijos, de 15, 13, 11, 8 y 6 años, cuatro de los cuales son ciudadanos estadounidenses, estaban con ellos cuando fueron detenidos. Los padres y los niños fueron trasladados a un centro de detención, donde pasaron 24 horas antes de ser subidos a una furgoneta y dejados en el lado mexicano de un puente de Texas el 4 de febrero.
NBC News no publica los nombres de los miembros de la familia por motivos de seguridad.
Los abogados de la familia presentaron una denuncia ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional en marzo, solicitando una investigación sobre los abusos que, según ellos, sufrió la familia durante su detención. En la denuncia, también pidieron a las autoridades de inmigración que concedieran un parole humanitario a los padres, a la niña y a uno de sus hermanos.
Sin embargo, esa oficina federal, que protegía los derechos civiles tanto de los inmigrantes como de los ciudadanos estadounidenses, fue desmantelada poco después de que los abogados presentaran la denuncia, lo que les obligó a volver a presentarla ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud. Aún no han recibido respuesta.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional había dicho antes a NBC News que los informes sobre la situación de la familia eran "inexactos", pero se negó a hablar sobre los detalles del caso alegando motivos de privacidad. En un comunicado, dijeron que cuando "a alguien se le concede una orden de expulsión acelerada y decide ignorarla, debe afrontar las consecuencias".
En respuesta a un caso similar, pero independiente, relacionado con la expulsión de niños ciudadanos estadounidenses durante la deportación de su madre, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en un comunicado el jueves: "La narrativa de que estamos deportando a niños estadounidenses es falsa e irresponsable". Añadió que las autoridades de inmigración preguntan a las madres si desean ser expulsadas con sus hijos o si quieren que estos sean puestos bajo la custodia segura de alguien designado por los padres.
McLaughlin añadió que los padres indocumentados pueden "tomar el control de su salida" utilizando CBP Home, la app para la deportación voluntaria de la Administración Trump.
Desde México, en marzo, la madre del niño de 11 años dijo en un mensaje de video proporcionado a NBC News que ella y su esposo, cuando fueron detenidos, "se enfrentaron a la peor decisión, una decisión imposible: separarse definitivamente de sus hijos o ser deportados juntos".
Cuando las autoridades de inmigración detienen a padres indocumentados de niños nacidos en Estados Unidos, estos corren el riesgo de perder la custodia de sus hijos. Sin documentos de poder notarial o tutelas que establezcan quién se hará cargo de los niños que quedan atrás, estos pueden entrar en el sistema de acogida de Estados Unidos, lo que dificulta que los padres recuperen la custodia de sus hijos en el futuro.
Los argumentos a favor del 'parole' humanitario
Justo después de su cumpleaños, la niña tuvo su primer chequeo médico en Monterrey esta semana.
Denisse Molina, coordinadora de asistencia humanitaria del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, declaró que le llevó "dos días agotadores, innumerables llamadas telefónicas y ser rechazada entre distintos departamentos del hospital" conseguir una cita médica y programar una resonancia magnética para la niña.
"Nadie, y menos aún un niño que lo necesita, debería tener que luchar tanto solo para acceder a una atención médica esencial", declaró Molina a NBC News el jueves.
Aunque esta solución temporal supone un alivio para la familia, las revisiones médicas periódicas son fundamentales, según la madre de la menor y quienes defienden a la familia.
La niña fue diagnosticada con un tumor cerebral el año pasado y fue sometida a una cirugía para extirparlo, afirmó la madre tras conocer el diagnóstico a través de traductores. Sin embargo, Woodward afirmó que, tras ponerse en contacto con los médicos de la niña y obtener su historial médico en el marco de los trámites para obtener un permiso humanitario, descubrió que la causa del tumor era una "enfermedad nueva sin nombre".
Pocos especialistas médicos pueden supervisar eficazmente este tipo de casos; los médicos estadounidenses de la niña se encuentran entre los que cuentan con la experiencia necesaria. La niña necesita escáneres y revisiones cada tres meses, informaron sus médicos al Texas Civil Rights Project.
La operación que salvó la vida de la niña el año pasado le dejó algunos efectos secundarios duraderos. La inflamación del cerebro aún no ha desaparecido por completo, afirmó la madre en marzo, lo que le causa dificultades para hablar y mover el lado derecho del cuerpo.
Antes de que la familia fuera expulsada de Estados Unidos, la niña acudía regularmente a las citas con los médicos que supervisaban su recuperación, asistía a sesiones de terapia de rehabilitación y tomaba medicación para prevenir las convulsiones.
En México, la familia ha podido matricular a cuatro de sus hijos en la escuela mientras se preparan para solicitar el permiso humanitario a finales de este mes en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
Según el sitio de internet de USCIS, los solicitantes pueden demostrar la urgencia estableciendo una razón para estar en Estados Unidos que requiera una acción inmediata, incluyendo tratamiento médico crítico o la necesidad de visitar, ayudar o apoyar a un familiar enfermo.
"Esperamos que los miembros del Congreso se informen sobre este caso en particular y apoyen nuestra solicitud de parole humanitario para la familia", dijo Garza.